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Por Aranzazú Martínez Galeana.
Como parte de su Informe Anual Mundial 2012, Amnistía Internacional presentó una breve sinopsis de la situación regional de los derechos humanos en el mundo. En esta segunda entrega de cinco, Europa y Asia Central serán las zonas a explorar. Europa ha sido considerada por muchos como un ejemplo de desarrollo e integración, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Esta región sigue debatiéndose en un choque que confronta dos perspectivas distintas del proyecto europeo; por un lado, Europa Occidental con una herencia democrática más sólida que su contraparte se ha vuelto un referente en materia de protección de derechos humanos, sin embargo, la incongruencia entre el discurso oficial y la práctica sigue siendo su talón de Aquiles. Por el otro lado Europa Oriental, formada principalmente por países ex miembros de la Unión Soviética, lleva a sus espaldas un nada favorable historial autoritario basado en la represión y control estatal. Finalmente Asia Central también libra una batalla con demonios de un pasado que a la fecha la sigue limitando fruto de una dañina dependencia a la extinta URSS, donde a pesar de ser poseedores de recursos estratégicos, éstos no son suficientes cuando de estabilidad se habla.
Uno de los principales obstáculos a vencer, a nivel regional, es la desigual libertad de expresión que existe en donde los regímenes autocráticos, sucesores de un socialismo fallido, siguen siendo los punteros en tan lamentable categoría. Bielorrusia, por ejemplo, prohibió y disolvió múltiples veces las manifestaciones civiles causadas por el fraude electoral fraguado hace un año; Azerbaiyán por su parte, cerró el año pasado cinco organizaciones pro derechos humanos; y en países como Turkmenistán y Uzbekistán la oposición política sigue siendo una utopía inalcanzable ya que se le sigue negando el registro a partidos opositores al régimen. Rusia continúa siendo un país reinado por un legado represivo y corrupto donde el hostigamiento, intimidación y sometimiento a agresiones físicas a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, es más una regla que una excepción aunque cabe señalar que el activismo cívico va en aumento en causas medioambientales y en contra de los abusos cometidos por funcionarios públicos.
Otro tema sumamente complejo que enfrenta esta región es la migración, o en muchos casos, el desplazamiento de miles por factores como guerras civiles, persecuciones políticas e ideológicas, asó como el ataque oficial y claramente permitido en contra de las minorías étnicas. Con motivo de la agitación política en el Norte de África y Oriente Medio, miles de refugiados han buscado asilo en Europa a través de embarcaciones endebles; se calcula que al menos 1,500 personas han perecido en el intento. Irónicamente en lugar de tomar medidas preventivas para evitar más muertes de esta naturaleza, la respuesta de la UE fue aumentar la capacidad de Frontex ( su agencia de seguridad fronteriza) para así lograr una disuasión contundente en los miles de desplazados. Países como Francia y Reino Unido se negaron a permitir la entrada de los desplazados por el conflicto armado en Libia pese a ser partícipes de la invasión bajo órdenes de la OTAN. Sin un sistema efectivo de protección y asilo, muchos se han tenido que enfrentar a un escenario similar o peor del cual venían escapando; por ejemplo, algunos estados continuaron llevando a cabo devoluciones a países como Iraq y Eritrea en contra de lo aconsejado por el ACNUR. En casos más dramáticos, cientos de romaníes fueron devueltos a Kosovo donde el peligro real de ser perseguidos y discriminados no es azaroso. Cabe señalar que la discriminación no es un tema que preocupe a los gobiernos ya que siguen sin darle la prioridad requerida, y en casos como Holanda, el gobierno se ha deslindado de la materia asegurando que su erradicación recae exclusivamente en los ciudadanos y en escenarios más extremos el mismo gobierno, o en específico, partidos populistas con tendencias ultraderechistas continúan atacando a minorías étnicas y religiosas así como a personas de determinada orientación sexual.
En aras de la protección y seguridad nacional e internacional, lo que quiera que esto sea, los gobiernos europeos continúan poniendo trabas a aquellos intentos de hacerlos rendir cuentas por su supuesta complicidad en los programas de entrega y detención secreta orquestados por la CIA. Lituania, por ejemplo, detuvo los mínimos avances en su investigación sobre este tema argumentando razones técnicas y de secreto de estado. Y en países como Alemania, Bélgica, Reino Unido e Italia la falta de garantías diplomáticas fiables fue la perfecta excusa para expulsar de sus territorios a personas que aparentemente representaban un peligro para la seguridad nacional. La tortura en Ucrania y Rusia sigue yendo a la alza a pesar de las apenas perceptibles reformas a la policía de estos países donde los principales obstáculos como la imposibilidad de tener un abogado, el miedo a sufrir represalias, la nula independencia entre los distintos órganos que dan seguimiento a las denuncias y la levedad de las penas a los culpables, siguen siendo el común denominador. Por su parte, Bielorrusia sigue siendo el único país en la región que se sigue negando a abolir la pena capital. Finalmente, con una impunidad latente en situaciones post-conflicto como la ex Yugoslavia, el camino parece tortuoso y largo en materia de derechos humanos. Avances habrá, pero mientras el panorama siga igual de desalentador, no se puede hablar de un desarrollo regional o al menos no el que proclaman los seguidores del sueño europeo.