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En Acapulco hay por lo menos 110 escuelas cerradas por la inseguridad que se vive en ese puerto. El pasado 16 de enero, el secretario de Educación Pública del gobierno de Guerrero, Salvador Martínez Della Rocca, dijo que de noviembre de 2014 a enero de este año han sido asesinados 22 maestros y 8 más secuestrados es esta misma ciudad.
Estos datos son un indicativo de la grave situación que se vive en lo que antaño era el sitio turístico mexicano más visitado y famoso en todo el mundo. Ahora está inmerso en una enorme crisis económica, política, de seguridad y sobre todo de gobernabilidad.
Pero el hecho de que Salvador Martínez Della Rocca haya soltado este dato durante su participación en la mesa redonda Evaluación de la problemática en Guerrero: hacia la construcción de una nueva relación social, realizada en la Universidad Tecnológica de Acapulco, es para tomarse muy en serio; y sobre todo debería provocar al menos un análisis muy profundo, más allá de la indignación natural que generan estos actos.
Pero al parecer no causó ninguna reacción. Nadie las ha retomado, nadie les ha dado la dimensión real y como viene sucediendo desde hace más de 7 años en México, los muertos dejaron de sorprendernos. 22 maestros asesinados ya no son nada para un país que se acostumbró a la muerte.
Guerrero está en el límite de convertirse –si es que no lo ha rebasado ya– en un estado sin derechos, sin gobernabilidad y sin futuro. Cuando se ha llegado al punto de que la educación está secuestrada por el crimen organizado, que el estado no puede garantizar la seguridad de los estudiantes y de los docentes –y cuando en Acapulco tan sólo en tres meses matan a 22 maestros–, la situación está en alerta roja.
Pero más allá de Acapulco y de Guerrero, con esta lucha que ha iniciado el crimen organizado contra el magisterio y sus organizaciones sociales, en donde además de un hecho coyuntural hay elementos históricos que habría que analizar a detalle, en todo el país la desaparición o asesinatos de profesionistas ha sido una constante a lo largo de esta maldita “guerra”.
Tan solo el pasado 26 de noviembre de 2014 desaparecieron en Chilapa, Guerrero, cinco hombres, entre ellos dos arquitectos que trabajaban en un proyecto de Escuelas de Calidad en esa región. En esta ocasión también se vinculan nombres de funcionarios locales y diputados locales del PRD como culpables de estos hechos, y como líderes del grupo criminal “Los Ardillas”.
Pero esto no es nada nuevo. Según la Comisión de Seguridad del Senado, hasta el 2012 había registrado 36 casos de profesionistas desaparecidos o plagiados presuntamente por el crimen organizado en todo el país. De esa fecha a 2014, la PGR ha tenido registro de otros 25 profesionistas desparecidos en las mismas circunstancias.
Otro dato impactante es el que reporta Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), que según sus “estadísticas documentadas hasta diciembre de 2014”, en Coahuila había 344 personas catalogadas como desaparecidas. En otro momento, la Fundem señaló que del total de los desaparecidos que tenían registrados, al menos un 25% de ellos corresponden a profesionistas desaparecidos.
Se habla mucho de las agresiones a periodistas y de que México es uno de los países más peligrosos en todo el mundo para el ejercicio de los comunicadores, pero en general, cualquier actividad profesional pone en riesgo la seguridad y la vida de las personas.
Casos de antenas repetidoras de radiofrecuencia en estados como Veracruz, Coahuila o Tamaulipas construidas por el crimen organizado; atención médica veterinaria en ranchos presuntamente vinculados a narcos; construcciones y edificaciones relacionadas con el crimen organizado; todo ellos son algunos de los casos en donde las autoridades relacionan los secuestros de los profesionistas con las actividades de los criminales.
Es decir, “los levantan” para obligarlos a trabajar para ellos. Utilizan sus conocimientos y sus altas habilidades para sus beneficios y en la mayoría de los casos no piden rescate no informan a sus familiares de que han sido secuestrados. Un día desaparecen y no se les vuelve a ver.
Esta es otra de las grandes tragedias que ha dejado esta “guerra”, que además de provocar un daño social y humano irremediable, ha minado la fuerza productiva de algunas regiones del país y se ha aprovechado de manera ilegal de los conocimientos de los profesionistas, secuestrándolos y obligándolos a aplicar sus conocimientos en actividades que beneficien a los criminales.
El caso de los 22 maestros señalados por Martínez Della Rocca es solamente la ratificación de los terribles hechos que han venido sucediendo desde el 2006 en contra de algunos profesionistas, y que en la mayoría de los casos su desaparición y muerte han sido vinculadas directamente por el ejercicio sus actividades profesionales.
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