Los aplausos llenan el alma… del político

Por Daniel Higa Alquicira.

Hasta hace muy poco tiempo se creía que los aplausos era lo que de verdad alimentaba el alma y el espíritu de los artistas e intérpretes. Pero a partir del pasado martes de 3 febrero se comprobó algo que muchos ya sospechábamos: que para los políticos, los aplausos tienen el mismo efecto pero no en su alma, sino en su ego.

Los aplausos llenan el alma… del político.

Un discurso político está preparado y pensado con un ritmo de lectura para hacer pausas e incitar a los oyentes a interactuar, cuya única forma “políticamente correcta” de hacerlo es con aplausos. Si la sala se queda quieta, callada e incluso distraída, es prácticamente un insulto para el orador.

Eso fue lo que nos demostró Peña Nieto, cuando presentó su plan de ocho acciones contra la corrupción en el gobierno y anunció a Virgilio Martínez como secretario de la Función Pública. Luego de un discurso de más o menos 16 minutos, lo único que pudo decir ante el silencio incómodo de la sala –lleno de periodistas- fue: “ya sé que ustedes no aplauden”.

Pero la pregunta de fondo sería: ¿este anunció da para aplaudir? ¿Con lo anunciado, deberíamos ponernos de pie y aplaudir sonoramente ese discurso?

La realidad indica que existe una necesidad de legitimar las acciones de gobierno –en general, no solamente del federal–, con respecto al actuar de los funcionarios y los recursos públicos o negocios derivados de su labor, pero lo triste de estos anuncios es que no hay nada legalmente establecido para sancionar y castigar los casos en donde se compruebe algún ilícito de este tipo.

Y el primer encargo de Peña Nieto para su flamante “zar anticorrupción” es revisar si existe algún conflicto de intereses con respecto a la compra de la casita de su esposa, la de él en Ixtapan de la Sal y la de Luis Videgaray.

Lo que aún no queda claro es el hecho de que en caso de que efectivamente exista un conflicto de intereses, ¿cómo se va a castigar a los responsables? Para muchos expertos, no hay forma de que se pueda juzgar a un presidente por un tema así, lo que derivaría solo en otro escándalo mediático y no en un proceso que conlleve un castigo o sentencia para los culpables.

Y si la “casa blanca” de “Doña Gaviota” también hubiera sido fruto de acuerdos entre la empresa que le cedió el crédito para la compra, ¿cómo se castigaría a la primera dama? ¿Qué cargos se le pueden fincar o qué castigos le vendrían?

Pero además de todo, los ocho puntos anticorrupción de Peña Nieto empezarán a aplicar de forma efectiva a partir de mayo, cuando todos los funcionarios están obligados a entregar sus declaraciones patrimoniales y otra donde estipulen posibles casos donde existan conflictos de intereses.

«La corrupción en México es un problema estructural que entre todos debemos enfrentar y a pesar de los esfuerzos emprendidos en la última década, la percepción no ha mejorado” dijo Peña Nieto durante su discurso.

Y tiene razón. Sobre todo cuando se habla de políticos y peor aún, cuando se ha demostrado que ahora se tiene que considerar a los narcopolíticos. Por eso la percepción social no cambia, porque son ellos mismos los que se empeñan en seguir ejerciendo sus funciones bajo simulaciones y poca claridad en el manejo de los recursos públicos.

Sin embrago, a pesar de este esfuerzo del gobierno federal por fortalecer los mecanismos anticorrupción y que han visto con muy buenos ojos la iniciativa privada, otras fuerzas políticas e incluso el representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli, consideran que también puede ser un freno para el crimen organizado. Para muchos especialistas en temas de corrupción, esto no es suficiente.

No es suficiente por tres factores fundamentales. 1) Porque la Secretaría de la Función Pública y su secretario dependen del ejecutivo. 2) Porque esta secretaría sigue teniendo atribuciones muy limitadas y no es independiente. 3) Porque la legislación en materia de corrupción sigue teniendo vacíos y no hay ninguna iniciativa que los resuelva.

Los partidos políticos pueden alinearse a estas medidas y obligar a sus militantes, aspirantes, candidatos y funcionarios a ser “honestos” a la hora de hacer sus declaraciones, pero lo triste de esto es que no es una cuestión de ética personal y profesional, sino una simple normatividad que tendrán que cumplir.

Con esto se puede tener cierto control sobre actos de corrupción en el gobierno, pero no se elimina ni se modifica el problema de fondo, que es la predisposición que tienen los políticos de hacer que sus cargos les reditúen beneficios personales de largo alcance.

Y si no, nada más hay que recordar aquella frase del profesor Hank González –uno de los iniciadores y guía del grupo Atlacomulco, que paradójicamente ahora está en el poder–, cuando acuñó aquella frase inolvidable de que “un político pobre es un pobre político”.

Moraleja: no morderás la mano que te da de comer.