La contaminación en Ciudad de México

Por Daniel Higa Alquicira.

La Ciudad de México ha sido históricamente el edén prometido para muchos mexicanos. Millones de personas han migrado de sus lugares de origen para establecerse en las orillas de la capital del país con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida.

Su modernismo, la “calidad de vida” que ofrece, sus posibilidades de diversión y de desarrollo y la sensación de estar en la gran ciudad, han provocado que se convierta en uno de los lugares soñados para muchos y que esto la haya convertido a su vez, en una de las regiones más pobladas del  mundo y por ende, una de las más contaminadas de todo el planeta.

Pero esta conformación social ha dado como origen que más de 21 millones de personas habiten en lo que se le denomina la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Más de cinco millones de autos circulan por esta región que está integrada por las 16 delegaciones de la Ciudad de México, el municipio de Tizayuca (Hidalgo) y 59 municipios del Estado de México, entre ellos Nezahualcóyotl y Ecatepec, dos de las entidades más pobladas del país.

Apenas la semana pasada, los niveles de contaminación obligaron a la Comisión Ambiental de la Megalópolis decretar una contingencia ambiental, cosa que no sucedía desde hace más de 13 años y que obligó a las autoridades de la Ciudad de México a tomar medidas extremas para mitigar los contaminantes en el medio ambiente.

Pero más allá de ser un tema ecológico, ambiental y de salud pública, también es un tema político que implica una falta de responsabilidad social por parte de todos los gobiernos que integran la tan famosa y criticada Megalópolis, conformada por Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

Si bien es cierto que Ciudad de México es en donde aparentemente se concentra todo el problema de la contaminación ambiental, es el único que ha implementado, modificado y perfeccionado el sistema de la verificación vehicular para evitar que los autos contaminen más de lo permitido.

También ha implementado políticas de movilidad que han premiado de cierta forma el uso del transporte público, ha aumentado la flotilla de autobuses de última generación, ha construido y ampliado algunas líneas del metro e impulsado sistemas ecológicos individuales como Ecobici.

Lo malo de todo esto, es que no ha sido suficiente para mejorar sustancialmente la calidad del transporte público, cosa que aún es uno de los grandes dramas que enfrentamos los capitalinos.

Según el Centro Mario Molina, “más de dos tercios de los 22 millones de viajes diarios se realizan en transporte público y el 65% por ciento de los usuarios considera que la calidad del servicio es pésima o mala”.

Pero si bien en Ciudad de México el transporte público sigue siendo una pesadilla en algunas zonas y en ciertos horarios, no se puede comparar con la falta de seguridad, abusos e irresponsabilidad con que opera el transporte concesionado en el Estado de México, que es el lugar en la Zona Metropolitana donde mayor número de personas se concentra.

Es decir, la falta de voluntad política por parte del gobierno del Estado de México de atender esta situación, en donde la mayoría de los autobuses se encuentran en mala calidad física y mecánica, ha ocasionado que sea precisamente la zona conurbada una de las principales generadoras de contaminantes automotrices.

Pero esta anarquía en las políticas de urbanismo y movilidad que aquejan los gobiernos municipales y el estatal en el Estado de México, se ha transformado en inseguridad, asaltos y asesinatos a bordo de unidades de transporte público.

Las denuncias por robos con estas características han aumentado 12% en el último año, según cifras de la Comisión de Seguridad del Estado de México. Si se tiene registrado este aumento, entonces las cifras negras han de estar por los cielos.

Así, ¿qué incentivos tienen los ciudadanos de esos municipios de dejar sus autos y andar en transporte público? Ninguno.

Por eso, el gran problema de la contaminación no es la Ciudad de México como muchos quieren hacer ver, la realidad es que los estados colindantes necesitan un plan integral para controlar esto, que no solamente es un tema ecológico, sino de seguridad pública y políticas de desarrollo social.

Foto: Juan Rojo.