La sociedad mexicana no está acostumbrada al uso común de armas de fuego, como si lo está la estadounidense por ejemplo, y esto a pesar de que muchas personas poseen pistolas o armas largas, aunque la mayoría sea de manera ilegal.
Para tener una muestra de la dimensión de esto, según el gobierno de Ciudad de México, con el Programa de Desarme Voluntario se han intercambiado “24 mil 500 armas; 156 mil cartuchos; 12 mil cargadores y proyectiles”, en cuatro años de trabajo.
Esto tan solo en Ciudad de México. Ahora, esto toma relevancia luego de que el senador panista Jorge Luis Preciado, presentara en la semana pasada una iniciativa para modificar el artículo 10 constitucional y se permita poseer un arma en casa, negocio e incluso autos.
“Tenemos derecho a la legítima defensa y si un delincuente se mete a mi casa o va a mi negocio, por lo menos va a saber que del otro lado puede haber alguien que tenga un arma para responder”, señaló Preciado.
¿Cuál es su argumento? Que la violencia e inseguridad siguen aumentado y que la estrategia oficial para frenarla ha fallado y lo seguirá haciendo.
“Este país está inundado de armas; la mayor parte ha llegado de Estados Unidos de manera ilegal; otras llegaron de manera legal, entre comillas, como con el programa «Rápido y furioso», que metió más de dos mil armas”, señaló.
Y yo estoy completamente de acuerdo con sus dos argumentos. La violencia sigue creciendo y el estado colapsó en materia de seguridad.
¿Pero, poder portar armas soluciona estos problemas? Definitivamente no. Y eso a pesar de que me consta, poder conseguir un arma en el mercado negro es relativamente fácil.
De todo tipo, desde las armas cortas consideradas como no letales, hasta rifles de alto poder. Nuevas, usadas, con antecedentes o completamente limpias –es decir, sin ningún rastro de haber sido usada para cometer algún delito–.
También me consta que para algunas personas que han sido víctimas de algún delito, ha pasado por su mente el hecho de tener un arma y estar listos para actuar en caso de que se repita una situación similar.
Y dados estos escenarios, lo cierto es que el nivel de violencia común, entre ciudadanos no delincuentes, está exacerbado. Cada día es más común enterarse de que por un conflicto automovilístico, las cosas terminan incluso en muertos.
Peleas callejeras, pueden terminar igualmente en asesinatos. Las calles tiene un ambiente de tensión muy alto, la gente tiene miedo y ante un panorama así, es difícil suponer cómo actuarían en caso de poder activar un arma de fuego.
Esto a pesar de que según Preciado, su propuesta incluye “un procedimiento para que esto pueda suceder. En primer lugar, debe solicitarlo a la SEDENA, se les hacen los exámenes sicológicos, cinegéticos y físicos, además se revisa una situación en su récord criminológico”.
Pero supongamos que está iniciativa de ley –u otras similares que sean presentadas en un futuro– se aprueba. ¿Qué pasaría si por ejemplo, un conductor ve a una persona “sospechosa” caminar al lado de su auto y le dispara pensando que es un ratero y en realidad solo era un individuo cruzando la calle?
O en los casos de altercados de tráfico, si una persona va y golpea mi auto, ¿yo podría accionar mi arma de fuego argumentando que querían asaltarme, secuestrarme o incluso matarme?
¿En qué casos –una pregunta para abogados penalistas– aplicaría la legítima defensa? ¿Y cómo se podría demostrarla?
Es un tema muy complicado, más allá de las polémicas políticas y moralinas. Unas voces dicen que se estaría en la antesala de matanzas masivas como las ocurridas en escuelas y centros comerciales de Estados Unidos.
Pero para las víctimas de algún delito y que además, han encontrado pocas respuestas de las autoridades, seguro ven esto como una opción, ya sea de forma legal o ilegal.
Pero el principal problema aquí, es que todas estas suposiciones, argumentos y posibilidades, se dan en un contexto en el que México vive una terrible crisis de seguridad, de derechos humanos y de justicia.
¿La solución a todo esto? La seguimos esperando, pero lo cierto es que de la manera en que lo está haciendo el gobierno federal, seguro no es la correcta. Una terrible realidad.
Foto: Nacho Betancourt.
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