¿Qué pasará con el caso Ayotzinapa cuando termine el sexenio?

Por Daniel Higa Alquicira.

Pareciera que en México todo puede pasar, menos encontrar a 43 estudiantes (o más) que desaparecieron una noche de septiembre y nunca más se supo de ellos. Pero como este caso hay miles en nuestro país, donde la crisis humanitaria será una herida sangrante que heredará el próximo gobierno y que si no la controlan, se corre el riesgo de entrar en coma.

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¿Pero qué pasará con el caso Ayotzinapa cuando termine el sexenio? Esta es una pregunta que puede tener muchas respuestas. En el mejor de los casos, que las próximas autoridades investiguen de verdad, encuentren a los responsables y que castiguen a todo los involucrados, incluyendo las omisiones de las autoridades federales.

Pero lo que más se acerca a la realidad, es lo que dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, durante la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa, realizada en el 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, señaló Navarrete.

Nadie sabe si en realidad el próximo gobierno –quien quiera que sea– tenga ganas de resolver el caso, lo que sí queda claro hasta el momento, es que con la actuación de las autoridades actuales, México ha asumido una postura de ser un país sordo a las recomendaciones de los organismos internacionales, prepotente cuando se le critica en materia de derechos humanos y poco a poco, se encierra en sí mismo como para protegerse y auto engañarse de que aquí no pasa nada.

Tal como lo señala la representación legal de las familias de los desaparecidos, se ha dado un rechazo sistemático por parte del gobierno federal a los informes de organismos internacionales y últimamente, al informe de la ONU, “que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial”.

También señalaron “la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados –proporcionados por la DEA– con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales y el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones”.

Sin duda, este caso está marcado por muchas incógnitas, pero de manera general ha evidenciado una realidad que sucede en México y que ninguna autoridad ha podido –o querido– detener.

Pero ya no solo es un tema que solo afecta a la sociedad civil, sino que ha impactado también a la clase política, que si bien no necesariamente del ámbito federal, a nivel local los asesinatos, secuestros y desapariciones de funcionarios públicos y candidatos a algún cargo de elección popular, se extiende de manera alarmante.

Según el sitio Semana, van “86 personas asesinadas entre alcaldes, exalcaldes, candidatos, regidores y dirigentes partidistas” desde el inicio de la actual campaña electoral y a partir del pasado “8 de septiembre mueren en promedio 11 políticos por mes”.

De tal manera que el escenario es muy oscuro y tal como lo señaló Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al presentar su informe ante el Poder Judicial de la Federación, “la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad se han extendido como plagas en casi todos los ámbitos de la vida nacional”.

Entonces, lo que pase con el caso Ayotzinapa cuando termine este sexenio, será la punta del enorme iceberg que se esconde detrás de una realidad en donde “los mexicanos hemos empezado a asumir como parte de nuestra normalidad los elevados índices de homicidios, la violencia contra las mujeres, los ataques y agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos, así como la subsistencia de prácticas contrarias a la dignidad humana”, tal como lo afirmó Luis Raúl González Pérez.

Foto: Marianna McMurdock.