Por Pamela Vazquez.
Para estas elecciones, todos tenemos dos cosas en común sin importar la preferencia de candidato: desconfianza e incertidumbre. Estamos ante unas elecciones con pocas y débiles opciones decepcionantes, que no parecen tener claras estrategias básicas de seguridad y estado de derecho.
En las elecciones del 2016 en Estados Unidos, la población americana estaba en una encrucijada: Hillary Clinton o Donald Trump y, para sorpresa de muchos, surge la campaña de segundo como vencedora gracias, en gran parte, por el caso de «Watergate Ruso». Sin embargo, hoy en día podemos ver varias estrategias que supuestamente pudo haber usado para llegar ahí, entre ellas, el uso de las redes sociales, la tecnología de Big Data, la influencia rusa o Facebook.
El caso del hackeo del mail de la candidata Hillary Clinton en 2016, supuestamente por espías rusos y publicado en WikiLeaks, así como el uso de datos personales de usuarios de Facebook por la empresa inglesa Cambridge Analytics, significa la importancia de actores no gubernamentales para la determinación de asuntos internos de países, como, en este caso, Estados Unidos, el país supuestamente más poderoso del mundo. Si esto le pasa a EEUU, tristemente sabemos por la historia misma, lo vulnerables que son los países en vías de desarrollo con asuntos internos que son extremadamente influenciados o vulnerados por potencias mundiales, organismos internacionales y, en este caso y por la coyuntura temporal, empresas trasnacionales y la tecnología informática.
Si la acción fue tramada por el candidato neoyorquino y Putin o no, es digno de otro texto, pero hoy quisiera concentrarme en temas de gran importancia que aprendimos de la experiencia americana, mismos que el votante mexicano puede tomar en cuenta para el próximo primero de julio.
Seguridad vs. Privacidad
Estados Unidos tiene claro su prioridad por el Estado de Derecho, a fin de cuentas, qué potencia mundial lo es sin tener un país estable y seguro. Su política «inocente hasta demostrar lo contrario», implica también los derechos humanos y un sistema legal monopolizado por el Estado, con libertades de catear casas, autos y cualquier número de personas sospechosas con una simple orden de aprehensión, los sistemas de espionaje de la CIA, las millones de cámaras inteligentes y sistemas informáticos criminológicos que sin duda reducen la privacidad de sus ciudadanos por su seguridad; ha sido éste el contrato social desde que surge este país.
Acciones parecidas que el estado mexicano ha implementado en los últimos años como el juicio oral, las propuestas de candidatos por poner miles de cámaras en las calles o la modernización del sistema judicial, pueden verse como actos para alcanzar un estado de derecho. Pero con la falta de un ejército, marina, policías federales, estatales y municipales poco capacitados en materia de derecho y derechos humanos, aunado a los niveles de impunidad y corrupción, en vez de ser estrategias de seguridad, se vuelven políticas con potencial de poner en riesgo (más) la propia seguridad y privacidad del individuo. Es decir, bajo el argumento americano, aquí no hay contrato social porque no se sacrifica una cosa por otra, sino las dos.
Tecnología vs. soberanía
Así como a nivel local se sacrifica la privacidad por la seguridad, a nivel internacional el surgimiento de la tecnología sobre la soberanía está siendo el nuevo debate. Siempre han existido los espías, pero el nivel de tecnología usada no sólo para observar los movimientos internos de países que se consideran amenaza, pero también para manipularlos a favor de los intereses de otros países, ha sido, desde las elecciones americanas, y seguirá siendo un caso repetido.
En este sentido, aunque investigaciones como Panama Papers, WikiLeaks y otros espacios de Open Data han servido como derecho a la verdad, también lo han servido ventanas a una realidad alarmante en donde las industrias ilegales como la prostitución, venta de armas bélicos, tráfico de órganos y drogas, desvío de recursos públicos, reducción de impuestos a empresas trasnacionales, entre otras cosas, son solapadas y llevadas a cabo por los propios líderes políticos, de opinión y empresariales de nuestros países que supuestamente están para protegernos, dejando al descubierto el abuso de su poder.
En conclusión, el ciudadano debe tomar en cuenta estos factores externos e internos que amenazan la soberanía nacional. La preocupación por prácticas negativas «tradicionales» de los partidos mexicanos ya no es el punto más importante de preocupación del votante, son también las alianzas internacionales, las amenazas de intereses de otros países como Estados Unidos y Canadá en México, las empresas trasnacionales, la manipulación de la opinión pública a través de redes sociales, los paraísos fiscales, las políticas públicas que implica la participación de organismos internacionales, otros estados o empresas de seguridad trasnacional también lo son.
Cada partido y su organización ya tienen alianzas aseguradas, unas por ley y otras no, para que durante los próximos seis años alcancen sus objetivos particulares. Dicho esto, es importante investigar a fondo las propuestas de cada partido, sus alianzas históricas y valores e intereses para saber su susceptibilidad ante estos actores y por tanto, nuestra soberanía nacional.
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