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Por Elizabeth Aguilar Quintana.
La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz y puede perderse todo con la guerra. [1]
La situación en México es cuestionable, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico no es top ten de los noticieros o las propuestas presidenciales; al igual que el control de las armas, la violencia es algo que se vive a diario y muy pocos toman conciencia de ello.
El tráfico de armas es algo que no solo afecta a México, afecta a muchos países en todo el mundo, sin embargo nada podemos hacer contra la violencia si no controlamos la distribución de las armas; Amnistía Internacional esta promoviendo un Tratado sobre el Comercio de Armas que proteja derechos humanos.
En México 70% de armas recuperadas vienen de Estados Unidos; los criminales con dinero del narcotráfico se han equipado igual o mejor que las autoridades mexicanas. Todo esto se ha traducido en casi 40 mil muertos, una vida que cada minuto expira, cifras que, para ser México un país que no está en guerra es alarmantemente elevada.
Los mexicanos estamos cansados de la violencia a manos de autoridades y criminales, evidencia de eso son las acciones tomadas en Tamaulipas. Los tamaulipecos fastidiados de años de inseguridad y violencia, llamaron a armarse a manera de autodefensa, argumentando que la “narcopolítica y el crimen organizado está destruyendo la dignidad, la libertad y la justicia”.
Las acciones planteadas por los ciudadanos están fundadas y motivadas, sin embargo el fuego no se combate con fuego, el Estado mexicano debe ser garante de la seguridad de sus ciudadanos; la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se deben regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Los ciudadanos no tendríamos por qué hacer de nuestro hogar un bunker, deberíamos poder salir a las calles sin temor a no volver. La lucha contra la “Hidra” que es el narcotráfico no es batalla de uno, es batalla conjunta, tanto de aquellos que producen las armas como del gobierno en México; al igual que las drogas el negocio no se acaba hasta que ambas partes cooperen. Si tu país productor tratas de controlarlo pero el consumidor lo exige, por mas cabezas que cortes no se acabará la producción y la violencia es igual; las balas no se combaten con balas, se lucha contra la violencia con un verdadero Estado de Derecho, y el estricto cumplimiento de la ley.
Mientras Estados Unidos y sus gigantes armamentistas sigan lucrando con la muerte, la violencia no va a parar, los ciudadanos debemos exigir se respete nuestro derecho a la seguridad y la vida, gritemos alto por el comercio de la muerte.
[1] Juan XXIII
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