Sí mi general

Por Aranzazú Martínez Galeana.

Una de las frases con las que uno crece en México es aquella que establece que todos somos iguales ante la ley, sin embargo, conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que nunca ha sido así y siendo terriblemente pesimistas, así continuará. Un ejemplo contundente de lo anterior, es el lugar privilegiado que tienen los militares dentro y fuera de la estructura jurídica de nuestro país, en la que tener una estrella en el pecho da mayor protección y en muchos casos una inmunidad ciega a quienes teóricamente son iguales al resto de los mexicanos. Después de una cuestionable estrategia de seguridad iniciada hace un sexenio, la violencia aumentó dramáticamente así como las violaciones a los derechos humanos por elementes castrenses. Pero pese a que el discurso oficial ha reiterado incontables veces que sí hay sanciones y castigo a los culpables, la realidad difiere mucho de lo dicho en el podio y ni que decir de lo experimentado por las víctimas.

Sí mi general.

El año pasado Human Rights Watch (HRW) en su informe “Ni Seguridad Ni Derechos” documentó violaciones generalizadas cometidas por soldados mexicanos en esta llamada lucha contra la delincuencia organizada, en donde se enfatizó que uno de los principales factores que promueve la repetición de este círculo vicioso es que los abusos son investigados y juzgados en un sistema parcial altamente dependiente que privilegia la impunidad al defender y solapar en muchas ocasiones a los acusados. La Procuraduría General de Justicia Militar subrayó que HRW inició alrededor de 5 mil investigaciones de quejas interpuestas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre violaciones y abusos cometidos por soldados contra civiles entre el 2007 y abril de este año sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) únicamente ha condenado a 38 militares en su fuero. Cabe señalar que de estos 38 militares condenados, 11 fueron condenados en un periodo previo al 2007 por lo que disminuye aún más la relación existente entre las averiguaciones hechas y sanciones aplicadas. En el informe realizado por HRW en los estados de Guerrero, Nuevo León, Tabasco, Chihuahua y Baja California sacó a la luz evidencia que sustenta la participación de militares  en 39 casos de desapariciones forzadas, 24 ejecuciones extrajudiciales y 170 casos de tortura, donde ésta última se ha practicado de forma sistemática en pos de obtener información sobre grupos delictivos.

Con estos antecedentes, HRW señaló en días pasados que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una oportunidad única para reformar el sistema judicial que poseemos y eliminar de una vez una justicia selectiva que atiende a los intereses de la siempre protegida clase militar similar; a aquella que controlaba a México hasta mediados del siglo XX. Si bien existe un fallo dictado en julio del 2011 por el máximo tribunal que establece que el poder judicial de México se encuentre obligado a cumplir con las sentencias internacionales que prohíben la investigación y juicios de violaciones de derechos humanos en el fuero militar,  hasta la fecha eso sigue estando únicamente en papel.

Como muchas otras veces, México cuenta con una oportunidad histórica para cambiar el camino por el cual ha caminado. Nuestro país, más que merecer, pide a gritos reformas que realmente hagan justicia a las víctimas y no a los victimarios. Faltará esperar y confiar en que se tome la decisión necesaria y no seguir tapando el pozo después de torturado, secuestro o asesinado el niño.