¡No a la violencia contra la mujer!

Por Graciela Yanetsin Bibo García.

«Millones de mujeres y niñas de todo el mundo son agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas o incluso asesinadas en lo que constituyen atroces violaciones de sus derechos humanos. […] debemos cuestionar en lo fundamental la cultura de discriminación que permite que la violencia continúe. En este Día Internacional, exhorto a todos los gobiernos a que cumplan su promesa de poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todas las partes del mundo, e insto a toda la población a que apoye este importante objetivo».

Mensaje del Secretario General de la ONU en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Nueva York, 25 de noviembre de 2012.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como  cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Dicha violencia está basada en el sometimiento, discriminación y control que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos de su vida, afectando su libertad, dignidad, seguridad e intimidad, violentando así el ejercicio de sus derechos.

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas. En algunos países, hasta 7 de cada 10 mujeres sufrirán golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de sus vidas. Para crear conciencia al respecto y para inspirar acciones que pongan fin a este fenómeno global, cada año se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) y los subsiguientes 16 días de activismo contra la violencia de género.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) revelaron en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH 2011), que en México la violencia contra las mujeres  perpetrada por la  pareja llega a 46.1% a nivel nacional, con  porcentajes que van de 56.9% en el Estado de México a 29.8% en el estado de Chiapas.

Declararon, 42 de cada 100 mujeres mayores de 15 años,  haber recibido agresiones  emocionales  en algún momento de su  actual o última relación, que afectan su salud  mental y psicológica; así como 24 de cada 100 haber recibido algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y  el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto  a la forma en que dicho ingreso se gasta.

El 13.5% de estas  mujeres  de 15 años y más,  confesó haber sufrido algún tipo de  violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales, y un 7.3% violencia sexual cometida por sus propias parejas, sufriendo diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

En cuanto a la violencia que se genera en situaciones de discriminación laboral, el 20.6% de estas mujeres señalaron haber tenido incidentes de este carácter, como: a pesar de tener el mismo nivel y puesto que un hombre le pagaron menos, tuvo menos oportunidad para ascender o menos prestaciones; le bajaron el salario, la despidieron o no la contrataron debido a su situación conyugal; o en su lugar de trabajo le solicitaron  la prueba de embarazo.

Así mismo, la ENDIREH, en un acercamiento a las raíces culturales de la violencia, indagó sobre el  acuerdo o desacuerdo de las mujeres, frente a ciertos “roles socialmente esperados”, encontrando que entre las mujeres de 15 años y más, que en el último año han sufrido violencia por parte de su pareja, el 29.0%  dijo estar de acuerdo en que “si hay golpes o maltrato en casa es un  asunto de familia y ahí debe quedar”; el 16.8% también  estuvo de acuerdo en que “una esposa debe obedecer a su  esposo o pareja en todo lo que él ordene”; y el14.7% igualmente expresó acuerdo con  “es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja”.

Además, se advirtió en el estudio que las tasas de violencia contra la mujer pueden ser mayores, ya que cuando el control sobre las mujeres es mayor, y  la subordinación y el sometimiento son más tolerados socialmente, la “naturalización” de la violencia está tan asimilada que no es percibida como tal por las propias mujeres.

Según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), los padres que golpean a sus hijos, incrementan el riesgo de tener relaciones violentas cuando crezcan.

«Una mujer que durante su infancia fue golpeada por sus padres, sus  criadores o fue continuamente agredida de manera verbal, tiene 55 por ciento más probabilidades de padecer violencia de pareja en la edad adulta», considera Mónica Orozco, directora de Evaluación y Desarrollo Estadístico del Inmujeres.

En México, siete de cada diez mujeres han sufrido violencia en algún  momento de su vida. Sólo el 18 por ciento de los casos de violencia son denunciados, siendo el esposo o pareja el mayor agresor. En 2010, Inmujeres recibió 22 mil llamadas de mujeres violentadas, la Secretaría de Salud atendió a 92 mil mujeres por situación de violencia, mil quinientas mujeres fueron remitidas a un refugio temporal, se registraron 15 mil violaciones de las cuales sólo cuatro mil recibieron una sentencia, y hubo cerca de dos mil homicidios de mujeres, ocurriendo cuatro de cada diez en el hogar.

Tal como concluye Guillermina Díaz Pérez en su estudio La violencia de género en México: reto del gobierno y de la sociedad, para revertir la violencia hacia las mujeres, más allá de medidas legales sancionadoras y consumadas, se requiere de un cambio cultural radical que modifique las relaciones desiguales entre los géneros; tarea que sólo podrá realizarse con políticas públicas adecuadamente diseñadas, implementadas y evaluadas con la participación de organizaciones de la sociedad civil que sin duda han sido una fuerza de acción importante, pero que aún necesitan que se les permita involucrarse más en esta faena; ello en el marco de la gobernanza moderna que conjuga la participación de las instituciones gubernamentales con los actores privados, quienes tienen una fuerte injerencia en la solución de los problemas sociales a los que se enfrentan, como la desigualdad, la marginación y la violencia.