El conflicto de interés de los mexicanos

Por Daniel Higa Alquicira.

Existe un conflicto y muy grande que es de interés de toda la sociedad en el caso de “la casa blanca” de Angélica Rivera, la casa de descanso de Malinalco de Luis Videgaray y la casita de Enrique Peña Nieto en Ixtapan de la Sal.

El conflicto está en la manera en que se resuelven las cosas en México. O somos una sociedad adelantada, demasiado civilizada y culta como para que estos casos -que no solamente son cuestiones de la vida privada de los funcionarios, como muchos lo que quieren hacer ver- terminen en resoluciones tan predecibles por parte de la comisión investigadora, o tenemos una clase política desvergonzada, corrupta e intocable.

Cada quien podrá sacar las mejores conclusiones por estos hechos, lo cierto es que ratifican dos cosas: que en México la justica es atípica y que increíblemente nadie en este caso –ni Rivera, ni Peña Nieto ni Videgaray- “tienen vela en el entierro”, como diría el sabio dicho popular.

“El conflicto de interés no se materializa con la amistad, se materializa cuando en función de alguna relación personal, familiar y de negocios el servidor público rompe con el principio de imparcialidad, el servidor público incide de manera indebida en la asignación de un contrato o el servidor público recibe un beneficio personal en su patrimonio”, fue la justificación de Virgilio Andrade para exonerar a los tres inculpados.

Y aquí está lo grave, lo triste, lo indignante (y póngale el adjetivo que guste) del trasfondo de esta investigación. Estamos ante una resolución que evidencia el pobre alcance que tienen tanto la Secretaría de la Función Pública, como el concepto legal que supuestamente respaldaría una sanción por haber incurrido en faltas a lo que en teoría, es la obligación ética y moral de todo funcionario público.

Es probable que ni Peña Nieto ni Videgaray hayan influencia directamente -subrayo, directamente- en acuerdos, arreglos o firmas para modificar contratos, como los señala la SFP; pero a pesar de que 111 funcionarios públicos declararon, bajo protesta de decir verdad, que no recibieron presiones para favorecer el otorgamiento de contratos, todo mundo sabe que no se necesitan estos métodos para cambiar el rumbo de las cosas.

La pregunta lógica sería: ¿por qué tendrían que intervenir directamente –y lo vuelvo a subrayar, directamente– si en su momento no eran funcionarios públicos –como el caso de Videgaray– o siendo el gobernador del Estado de México para favorecer a los contratistas, si en todo momento contaron con una red extensa y profunda para solucionar estas cosas?

Entonces el alcance del concepto de conflicto de interés es pobre, débil y hasta ingenuo en su aplicación. Esto es lo realmente preocupante, porque pueden existir leyes, normas, reglamentos o como se les quiera llamar, pero ninguno garantiza que sea los suficientemente amplio como para castigar a políticos poderosos, pero si alcanzan para castigar a cualquier otro funcionario público que no detente poder político o económico alguno.

¿Y entonces cómo se castigarán futuros casos –que seguramente se repetirán– de compra de inmuebles millonarios cuando algún funcionario de alto rango esté inmiscuido? ¿En qué momento el conflicto de interés se volverá real y dejará de ser un concepto rebuscado que solo sirve para adornar discursos cuando hay que investigar estos hechos? ¿Y si no había nada ilegal, como lo ratificó la SFP, por qué la primera dama regresó la casa que era el origen del conflicto mediático y político?

¿Si las cosas estaban tan claras, por qué se suspendió la concesión del tren México-Querétaro? ¿Y entonces, de qué se disculpó Enrique Peña Nieto, si no cometió la más mínima falta? ¿Si no hay conflicto de interés, entonces por qué tantos golpes de pecho y muestras de arrepentimiento?

¿Será que tenemos a uno de los presidentes más honestos de la historia, que no puede con su culpa y se auto flagela, a pesar de que el sistema se empeña en exonerarlo? Por eso hay mucho interés en llegar al fondo del conflicto, a pesar de que 60 mil fojas no son suficientes para encontrar una pequeñísima señal de sospecha, según la SFP.

Foto: Presidencia.