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Cuatro años y 40 mil muertos parecen otorgar a todos una opinión válida sobre la estrategia de combate al crimen organizado por parte del gobierno federal. Sin embargo, la mayor parte de las voces no ofrecen nada nuevo o llegan a áreas cada vez más comunes y que destacan por su poca profundidad.
Para entender lo anterior, sirve observar el creciente desencanto con la situación, y algunos otros elementos, más allá de la opinión pública, que permiten calificar a la estrategia federal como un fracaso.
Uno de estos elementos es el reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) del gobierno estadounidense, obtenido por el colectivo anónimo de hackers LulzSec, en el cual se revela que “no existe ningún patrón apreciable que correlacione, ya sea un incremento o decrecimiento en el aseguramiento de drogas, con la eliminación de personajes claves en las organizaciones de narcotraficantes”. Mientras que la única variable que impacta el flujo de narcóticos, es el desarrollo de los ciclos agrícolas en México.
El nulo impacto en el flujo de drogas del combate frontal a los cárteles se debe al alto número de personal en el cual están basadas las operaciones de traslado de narcóticos, y cada parte tiene tareas especificas para limitar el daño que se le pueda ocasionar a la organización tras el arresto o muerte de alguna parte de la cadena. Es decir, debido al altísimo volumen de droga que cruza la frontera cada operación es coordinada y controlada por más de un personaje clave.
Sabiendo que la estrategia no funciona, debemos regresar a la idea cada vez más aceptada de legalizar las drogas. Idea que en voz de sus promotores parece ofrecer una solución inmediata al problema de seguridad, aun con argumentos confusos (pocas veces se explica que drogas se legalizarían, o como sería el proceso y el papel que el gobierno debería jugar en este nuevo esquema). Es importante y necesario, profundizar en los argumentos, hablar de programas de prevención basados en educación, explicar el proceso de distribución que las drogas tendrían, las consecuencias internacionales que la decisión provocaría, etc.
Al mismo tiempo, parece que se olvida que más allá de las drogas, las bandas criminales han extendido sus operaciones hacia otras actividades, secuestro, extorsión, piratería. Son pocos los legalizadoresque han validado las acciones gubernamentales en contra de estos delitos.
Es la falta de argumentos sólidos y de una propuesta bien fundamentada lo que a mi entender ha vuelto imposible cualquier cambio en la estrategia. Es necesario y urgente ofrecer alternativas, pero no por eso debe evitarse el análisis profundo de la situación, sino todo lo contrario.
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