En uno de los momentos más esperados por el gobierno federal, el 18 de junio entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, un modelo que en teoría podría agilizar los procesos y aumentar la certeza en las sentencias.
Pero la justicia en México es uno de los flancos más débiles y vulnerables que tiene la sociedad. La falta de una plena impartición “pronta, expedita y apegada a derecho” –como rezan algunos spots del poder judicial–, ha provocado que la ciudadanía se sienta desprotegida y con falta de una confianza absoluta para las instituciones, el sistema y las autoridades.
“La percepción popular es que los tribunales del país no logran convencer a la mayoría de las personas”, señaló un artículo publicado en The Economist y además, los procedimientos de tortura siguen siendo la principal herramienta para sacar declaraciones, inculpar a personas y fabricar culpables.
Y agrega The Economist: “alrededor de tres cuartas partes de los homicidios se quedan sin resolver, y el público se ha acostumbrado al espectáculo de soldados enmascarados que presentan ante las cámaras a ‘narcotraficantes’ o ‘sicarios’, recientemente detenidos, para verlos libres días después”, afirma el artículo titulado «Ensayos y errores. La reforma correcta se ha introducido, pero perfeccionarla podría tomar años«.
Y no solo podría tardar más de una década en perfeccionar su aplicación –según estimaciones de CIDAC–, sino que la gran duda que surge es si algún día se aplicará con todos sus alcances y beneficios, en un sistema lleno de corrupción, incongruencias y falta de capacidad en algunos de los impartidores de justicia en México.
CIDAC señala que “las policías aún no cuentan con las capacidades —que van desde profesionalización hasta equipamiento— necesarias para hacerse cargo de la investigación de una manera científica. Además, las Unidades de Atención Temprana (UAT) diseñadas para descongestionar las Unidades de Investigación (UI) siguen remitiendo la mayoría de los asuntos a las UI«.
Pero además, hay una deuda enorme que se sigue acumulando con respecto a los daños que ha causado la estrategia oficial para enfrentar el crimen organizado y al narcotráfico desde hace casi 10 años.
Del 2006 a abril de este año, el gobierno federal tiene un registro total 28 mil 189 personas desaparecidas.
Pero según datos de organizaciones internacionales, tan solo en un trimestre, las procuradurías y fiscalías estatales sólo hallaron a 0.19% de las personas desaparecidas en el país. Una cifra escalofriante y que muestra la falta de resultados con respecto a estos delitos.
Y la cosa se pone peor cuando nos damos cuentas que el país se ha convertido en una gran fosa clandestina en donde gran parte de estos desaparecidos fueron sepultados y que nadie sabe quiénes son, de dónde proceden, qué hacían mientras estaban vivos y lo más importante, cómo llegaron sus cuerpos a esos lugares.
Según cifras oficiales, entre agosto de 2006 y diciembre de 2015, han encontrado 662 cadáveres en 201 fosas clandestinas y tan solo en Iguala, Guerrero, se han hallado 133 cuerpos en 63 sitios.
En Morelos, hace apenas una semana rescataron 117 cuerpos de una fosa clandestina de Tetelcingo y el gobierno local ya reconoció que hay otra fosa con al menos 30 cuerpos en Jojutla.
Pero a esto hay que sumarle los cuerpos encontrados en Veracruz, Estado de México, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y un largo etc.
Así, en lo que va del presente año, se han detectado decenas de fosas clandestinas con cerca de 500 cadáveres, entre los cuales unos 300 a 400 totalmente calcinados fueron hallados en el Rancho El Limón, en Tlalixcoyan, Veracruz, según cifras de La Jornada.
Ante tanta impunidad, dolor y reclamo social, ¿hasta qué punto el Nuevo Sistema de Justica Penal podrá aliviar estas deudas? Confirmo lo que he dicho varias veces, el gran problema de México es que en realidad no existe la justicia.
Fotos: Presidencia de la República Mexicana.
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