El poder de los presidentes municipales

Por Daniel Higa Alquicira.

En el México actual el poder de los presidentes municipales está supeditado a tres cuestiones básicas: son amenazados y extorsionados, son asesinados o forman parte del crimen organizado. En el último caso, las cosas parecen que se han salido de control y no hay quien limite su autoridad, mas que los excesos que cometen ellos mismos.

Ahí está el caso de José Luis Abarca, quien gozó de plena impunidad política para hacer de forma paralela una carrera exitosa en el crimen organizado y al mismo tiempo, crear su plataforma electoral que lo llevó a la presidencia municipal de Iguala, Guerrero.

Con el respaldo de Guerreros Unidos, logró consolidar un gobierno infiltrado y controlado por el crimen organizado y ningún miembro del PRD ni autoridad alguna, “sospechó” de él hasta que sucedió la tragedia del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa con la complicidad del presidente municipal y sus cuerpos policiacos.

Esto le costó toda su carrera política y criminal. Está preso en el penal del Altiplano acusado de homicidio y crimen organizado. Pero la pregunta que sigue sin responderse es: ¿si no hubiera pasado lo que pasó, alguna autoridad lo hubiera detenido y enjuiciado por su comprobada actividad en el narcotráfico y crimen organizado?

La respuesta parece ser que no. Y baso esta afirmación en el hecho ocurrido el 29 de julio pasado, cuando 10 personas fueron asesinadas y calcinadas en el municipio de Cuitzeo, Michoacán.

Nuevamente, un alcalde –ahora del municipio de Álvaro Obregón, Michoacán–, fue el encargado de estos asesinatos. Juan Carlos Arreygue Núñez fue detenido junto con su director de Seguridad Pública y tres funcionarios policíacos acusados de estar implicados en el secuestro y asesinato de esas 10 personas.

Nuevamente el mismo modus operandi que en Iguala. Las 10 víctimas fueron detenidas en una tienda ubicada en los límites de Cuitzeo e Indaparapeo, por elementos policíacos de Álvaro Obregón.

Las personas fueron sacadas de ese lugar por un grupo de policías que viajaban a bordo de por lo menos tres unidades oficiales del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, y luego “obligados a subir a una camioneta roja” según las autoridades estatales.

Otras vez el mismo exceso de poder de un alcalde. Nuevamente la infiltración del crimen organizado y nuevamente una reacción tardía e irritante de las autoridades estatales y federales, para actuar legalmente en contra de una persona que se jactaba de ser amigo y socio de los líderes de los Caballeros Templarios y de hacer negocios con el Cártel del Golfo para traficar drogas sintéticas hacia los Estados Unidos vía Tamaulipas.

Pero además, manejaba una red de extorsiones, cobro de cuotas, robo y venta de hidrocarburos, y de ganado en la zona controlada por los Caballeros Templarios.

Según información publicada por la agencia Quadratín, desde el 15 de abril de 2011, la Policía Federal “recibió una denuncia de manera anónima por uno de los trabajadores de Arreygue Núñez, encargado del mantenimiento del lienzo charro de Morelia”.

De acuerdo con la denuncia que señala la agencia, “Arreygue Núñez tuvo un encuentro afectuoso con su amigo Enrique ‘Kike’ Plancarte Solís, a quien describió como güero, de 40 años, cabello quebrado medio canoso y barba de candado, abatido el 31 de marzo de 2014 y segundo al mando del cártel de Los Caballeros Templarios, detrás de Servando Gómez La Tuta, y a quien, tras darle un abrazo, caminaron hacia una mesa que se encontraba alejada y fue resguardada por cuatro personas armadas”.

Pasaron cinco años de esta denuncia, Arreygue Núñez ganó la presidencia municipal de Álvaro Obregón y un día mató y quemó  a 10 jóvenes que según él, le querían quitar el negocio.

En todo este tiempo, nadie en el ámbito político y de inteligencia federal sospechó de él. Incluso Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo (PT); se deslinda de su responsabilidad diciendo que en 2015, el expresidente municipal pasó los controles de confianza del CISEN, la PGR, la PGJE y por eso confiaron en su honesto, limpio y espectacular curriculum.

Lo mismo que pasó con Abarca y el PRD. Lo cierto es que estos hechos comprueban dos cosas: que el crimen organizado ha tomado el control político de muchas regiones del país y la otra, que la obsesión por el poder ciega a los partidos políticos; lo importante es ganar las elecciones sin importar con quién ni el cómo.

Una tristeza para un país que se enorgullece de su democracia, pero que es un sistema que le asigna miles de millones de pesos a los partidos políticos para que postulen criminales a puestos de elección popular y nadie se hace responsable de esto.

Como dice el viejo y conocido refrán: “nadie sabe y nadie supo…”. Y vaya usted a saber cuántas historias como estas nos esperan por conocer.