Nos gobierna la mafia y no precisamente la «mafia del poder» –como dice Andrés Manuel López Obrador–. La captura de Tomás Yarrington, sucedida en Italia, marca de nuevo la percepción social de que la corrupción en México no permite ningún hecho de justicia legal.
Y aunque hay evidencias suficientes de que gobernadores, regidores, diputados y funcionarios de los tres órdenes de gobierno se les podría vincular fácilmente con el crimen organizado, las autoridades no pueden o no quieren hacer nada para enjuiciarlos.
Ahí está el caso de Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit y capturado en Estados Unidos por ser abiertamente un elemento que operaba para el crimen organizado y que además, era líder de células que realizaban secuestros, extorsiones y «levantones» con uniformes ofciailes, y sin embargo, ocupaba el cargo más importante para la seguridad del estado.
Está también Javier Duarte, actualmente prófugo de la justicia, y que gobernó Veracruz con su equipo de colaboradores que según diversas investigaciones se les vinculaban directamente con Los Zetas.
En fin, que estos son los casos más recientes, pero la realidad es que desde hace muchos años la mafia tiene un papel relevante en las elecciones de gobernadores, en los nombramientos de funcionarios y hasta en la manera en que se utilizan los recursos públicos para obras de infraestructura, donde empresas ligadas al crimen organizado son las que ganan las licitaciones.
Pero como dije antes, esto ya lo intuimos. Para nadie es nuevo escuchar cómo el narcotráfico y el crimen organizado ha penetrado las instituciones públicas.
Y sin embrago, pareciera que la clase gobernante tiene una percepción muy diferente de estos hechos y todos les dan una lectura partidista, exclusiva de ciertos organismos; se espantan que a otros les suceda y todos se dan baños de pureza.
Es como una especie de cerrazón a una realidad terrible en donde la sociedad ha quedado expuesta a los abusos del poder, impregnado con el olor a podredumbre que deja el crimen organizado prácticamente en todos los rincones del país.
Y es todavía más indignante, que en épocas electorales, utilicen la inseguridad como moneda de cambio para ofrecer «nuevos modelos de gobierno», en donde todos tienen buenas intenciones, pero para desgracia de toda la sociedad, son discursos que incluso pecan de inocencia.
Apenas Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, ofreció que en Coahuila su partido tiene un proyecto en donde juntos ofrecerán a los policías mejores condiciones de vida y les promete «vivienda diga, seguro de vida, becas para sus hijos y preparación ascendente».
¿Pero dada las condiciones actuales, esto es viable y con resultados inmediatos? Ningún programa ha funcionado en cuanto a profesionalizar las policías, nadie respeta el mando único y hay pueblos en el norte del país en donde literalmente han matado a todos los uniformados.
La realidad es que la situación ha llegado al límite y parece que ya es incontrolable para las autoridades esconder tantas relaciones –obligadas algunas– con el crimen organizado.
El INE no es capaz de detectar ni frenar a candidatos con vínculos con los criminales, no puede fiscalizar las campañas ni la procedencia de los recursos que se utilizan de manera directa y fuera de los presupuestos oficiales, y no hay forma de asegurar que los próximos procesos electorales no estén infiltradas por el narcotráfico.
Y los partidos políticos hablan mucho sobre blindar a sus candidatos, investigarlos y pasarlos incluso por el detector de mentiras, sin embargo, pareciera que para ellos lo importante es ganar como sea y si después se descubre algo oscuro, se hacen los indignados, lo expulsan de su militancia y hacen como si esto fuera un caso exclusivo que no se repetirá.
Pero tristemente, ahora está más claro que nunca, nos gobierna abiertamente la mafia…
Foto: Noticias MVS.
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