Si algo debe preocupar a la sociedad, más allá de los procesos electorales en juego y el comienzo de las elecciones presidenciales para 2018, es justamente el tema de la seguridad. Los políticos siguen el juego de pimpón de acusaciones de corrupción y regaños de orden moral, pero no hay propuestas concretas acerca de cómo frenar la violencia.
Ya sea por robo de gasolina en el centro del país, los enfrentamientos y los narco bloqueos en Tamaulipas; asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en casi todos los estados; secuestros, levantones, etc., etc., etc.; la situación está crítica.
Según Francisco Rivas, director de Observatorio Ciudadano, “este primer cuatrimestre es el peor desde 1997” donde todos los delitos de alto impacto –menos violación– van a la alza.
Pero la decadencia que se ha presentado en la estrategia nacional de seguridad, cobra relevancia debido a que se da justo en la etapa final del gobierno federal, y a pesar de que los resultados han sido mínimos en todo este sexenio, las cosas se han agravado debido a que son los propios funcionarios de los gobiernos estatales, municipales y seguramente algunos federales, los que están inmersos en las actividades del crimen organizado.
Y ya no se trata de disputas entre grupos rivales, ajuste de cuentas al interior de los cárteles o solo una manifestación de que la «estrategia funciona» y es consecuencia de la detención de las cabecillas, como era el discurso oficial; ahora afecta en todos los sentidos a la sociedad.
Cada vez más personas desaparecidas, asesinatos por un robo cualquiera, violencia desmedida en los asaltos comunes; todo esto se ha desbordado y parece que no hay manera de detenerlo.
No funcionó la Gendarmería ni el Mando Único, las policías municipales están indefensas e infectadas a muerte por la corrupción y el sometimiento que han hecho de ellas los grupos criminales; y lo más grave de todo, el ejército está desgastado, es vulnerable y el desánimo y enojo de sus miembros es otro foco rojo para la próxima administración –gane quien gane–.
En materia de justicia, el nuevo Sistema Penal Acusatorio ha sido todo un desastre. No se acaba de implementar de manera uniforme en todos los estados, su aplicación ha sido deficiente y esto, que se suponía era una medida más próxima para asegurar una mejor impartición de justicia, ha tenido el efecto contrario.
Pareciera que los criminales han encontrado tantos vacíos legales, que son ellos los que mejor han aprovechado esto. Tal como lo señaló Isabel Miranda de Wallace, «el mensaje es que pueden matar y no pasa nada».
Y aunado a esto, para cuando los criminales son sentenciados, se encuentran que en las prisiones, incluyendo las de alta seguridad, están más seguros y con más privilegios que en la calle misma.
Siguen operando desde ahí, se adueñan del gobierno de las prisiones, salen cuando quieren y hasta han convertido a los CERESOS en fosas comunes, donde desaparecen a sus «contrarios» sin que nadie les objete esto actos.
O sea, que para cuando el sistema de justicia penal medio funciona, la sentencia es pasar literalmente unas vacaciones con todo pagado, en cómodas celdas amuebladas con entretenimiento de alta definición, fiestas, lujos y excesos.
Pero algo que preocupa en serio, es que las elecciones son procesos en donde las autoridades desvían su atención para apoyar al candidato de su partido, hacen lo que hizo Vicente Fox del «ya para qué gobiernan si ya se van», y están más preocupados por blindar su futuro que por entregar cuentas a la sociedad.
Esto genera un vacío de poder y durante los procesos de transición o de entrega de poderes, ¿quién se hace responsable de estos temas de seguridad y de muchos otros? La respuesta es difícil de responder, pero si en seis años los gobiernos no pudieron con esto, en los seis últimos meses, ¿qué se puede esperar?
Así, nos aproximamos tal vez, a una de las etapas más sangrientas y desastrosas de la historia contemporánea de México. Y desgraciadamente, no exagero…
Foto: Adrián Martínez.
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