Salvo el gobierno federal, nadie puede considerar la actual estrategia de seguridad como algo que haya tenido resultados positivos. Se veía venir desde el final del sexenio de Calderón, cuyo objetivo de descabezar los cárteles era una medida fallida.
Ahora vemos las consecuencias de no modificar esta guerra. De acuerdo al reporte de la ONG Semáforo Delictivo, en el primer semestre del año se han registrado más de 11 mil “ejecuciones” extrajudiciales, lo que se traduce en un promedio de 60 por día.
Estos números tuvieron un repunte del 28 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior, pero además macaron un “récord histórico” en materia de inseguridad.
El INEGI confirmó este escenario en donde la violencia e inseguridad viene a la alza. En 2017 se perpetraron 31 mil 174 homicidios en el país, un promedio 25 por cada 100 mil habitantes; y de estos 20 mil 49 casos se realizaron con armas de fuego.
Sin embargo, este instituto solo recaba información sobre los dictámenes de defunción que proporcionan los servicios forenses, por lo que esta estadística puede ser mayor si se toma en cuenta la lista negra, en donde seguramente hay personas que ya han sido asesinadas pero que no se sabe de su paradero.
Y contrario a lo que suponía el gobierno federal, de que la captura de los grandes capos iba a debilitar sus estructuras, las cosas resultaron al revés. No solo siguen funcionando con capacidad operativa suficiente, sino que ahora se han multiplicado con luchas internas de poder.
De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actualmente tienen identificados al menos 15 cárteles que se disputan los territorios, lo que según las autoridades ha ocasionado que se dispare la violencia.
“Esa dispersión de los grupos delincuenciales ha generado también el incremento en los índices de homicidios”, señaló Renato Sales Heredia, titular de la CNS.
Entonces el resultado de la “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado” iniciada por Calderón y mantenida por Peña Nieto, ha sido un fracaso total.
¿Hay posibilidades de que esto cambie? Aunque parezca algo imposible, el Semáforo Delictivo asegura que sí hay opciones, pero están fuera del camino planteado actualmente.
Por ejemplo, despenalizar los estupefacientes “disminuiría 80 por ciento la incidencia nacional en homicidios dolosos” y la amnistía a vendedores, productores o las “mulas” que transportan droga, también sería una medida afortunada para frenar esta ola de sangre.
Y su diagnóstico se basa en que esta tendencia a la alza de homicidio dolosos es “impulsada por ejecuciones de narcomenudeo”, pero que se multiplican por “una política de drogas equivocada, perversa y caótica”.
Y agrega: “Intentar combatir la oferta de drogas con policías y represión es una estrategia fallida que genera violencia, corrupción y un incremento en el consumo, porque fortalece a las mafias y se desatienden los problemas sociales y sicológicos”.
Ahora con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, su postura es impulsar una nueva estrategia más integral para “pacificar al país”, en algo que parece una prioridad desde cualquier ángulo de donde se le mire.
Pero también lo tendrá que enfrentar a las cúpulas más altas del poder, ya seguramente la cerrazón del gobierno actual y el anterior, no solo se basó en la certeza de que su modelo funcionaría, sino que de alguna manera esto también generaría ganancias para sus miembros.
Y en esto no solo entran en juego los cárteles, los grandes capos o funcionarios corruptos de todos los niveles, sino también las instituciones de seguridad de los Estados Unidos (DEA, CIA, etc.) que “luchan” contra ellos y que de alguna manera, juegan un papel perverso en el mundo de las drogas.
Pero es tan preocupante el tema de la inseguridad y los homicidios, que hasta Trump ya opina sobre ello y ahora lo utiliza como el motivo perfecto para demostrar que su muro fronterizo es vital para “blindar” a su país de todos los males que padece México.
Foto: Eneas De Troya.
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